SAN BERNARDO.- El alcalde de San Bernardo, Christopher White, enfrentará días más que complicados luego de que la Contraloría General de la República entregará los resultados de la auditoría a los procesos licitatorios de Estudio financiero y contrato de apertura de cuentas corrientes y servicios relacionados en la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo (Corsaber) y la municipalidad de San Bernardo entre los años 2021 y 2022.
El informe buscaba determinar si las transacciones de dinero cumplían con las disposiciones legales y reglamentarias, si estaban debidamente documentadas, si sus cálculos eran exactos y si estaban adecuadamente registradas.
Pues bien, con fecha 29 de diciembre de 2023 y número de registro 752, el escrito sostiene que “se constató que dicha corporación efectuó dos pagos a la empresa Gestión Global SpA por un total de $11.900.000, durante el período 2022, por los servicios de estudio financiero y proyección de mejora de ingresos, a través de la modalidad de trato directo, suscrito entre las partes, el 9 de agosto de 2021, lo que resulta improcedente”.
“Dichos pagos no tienen relación directa con el objeto del contrato, y el precio pactado por los estudios licitados no se encuentra claramente fijado, hecho que no se ajusta a los principios de eficacia y eficacia, consagrados en los artículos 3° y 5° de la ley N° 18.575”, agrega.
“Asimismo, se verificó que la municipalidad percibió entre los meses de septiembre y diciembre de 2022 la cantidad de $263.956.731, que corresponde a intereses derivados de los saldos pertenecientes a la administración de fondos propios y/o fondos de terceros mantenidos en sus cuentas corrientes, respecto de los cuales no poseen autorización por parte de las entidades otorgantes, a saber, el Ministerio de Educación (SEP y PIE), para utilizar dichos fondos, cuyos intereses generales no han sido reintegrados”, sostiene.
Contraloría sostiene, que pone a disposición del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado la información obtenida en esta auditoría. Por su parte, la municipalidad deberá corregir las observaciones hechas por este organsimo fiscalizador.