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jueves, mayo 19, 2022

Energía en Chile

Los requerimientos energéticos de la ciudadanía están satisfechos y tenemos la capacidad natural para desarrollar proyectos de energías limpias, (solar, eólica, mareomotriz, etc) quienes necesitan energía son las empresas transnacionales como las grandes mineras.
manuel retamalLa energía es un elemento esencial para el desarrollo de los intereses nacionales, es lo que siempre nos dicen. Pero en esta frase la definición de “desarrollo”, “para qué y para quién”, nunca nos ha sido consultada. Debemos comenzar a pensar, junto con exigir que esta frase, para que sea creíble por nosotros, debe ser debatida y acordada desde la comuna-nación y no debe ser algo que se nos continúe imponiendo, desde una clase política dominante íntimamente vinculada y representativa del poder económico.

El desarrollo del cual nos hablan, no ha traído más felicidad ni bienestar a nuestro país. Los mayores y cuantiosos beneficios son económicos, pero para los inversionistas extranjeros y unos pocos nacionales, más aún las ganancias ni siquiera se invierten en el país, pagando bajos impuestos. Nosotros sólo recibimos los costos de ese “desarrollo”. Las comunidades y el país tienen que asumir los costos de la generación de esa energía, costos sociales: pérdida y destrucción de territorios comunales-nacionales ancestrales, con todo el costo social y cultural que eso implica, migración y éxodo de nuestros parientes, división de nuestras familias, etc.

La generación de energía termoeléctrica e hidroeléctrica ya ha traído consecuencias negativas para nuestra Naturaleza, para nuestro medio ambiente. Hemos perdido grandes extensiones de bosques y áreas naturales privilegiadas con su flora y su fauna. Miles de toneladas de gases contaminan la atmósfera día a día, y se suman al efecto “invernadero” que calienta nuestro Planeta, el que tendrá un impacto muy negativo en el clima, en la desaparición de especies, en la disponibilidad de agua para el futuro, achicando las posibilidades de sobrevivencia que sufren siempre los más pobres.

Nuestro país, no tiene una política energética que haya surgido desde un debate nacional. La generación de energía, la transmisión y su comercialización (tarifa), es regulada por el mercado y el estado no tiene ninguna participación en ello. Desde la dictadura militar se inició el proceso de privatización, y fue más estimulado aún por los gobiernos concertacionistas (hoy nueva mayoría) bajo el Sr. Frei y del Sr. Lagos. Hoy, el 60% de la generación y el 50% de la transmisión de energía está en manos de la empresa española ENERSIS-ENDESA, el resto en empresas como IBERDROLA, “Hydro Quebec”, AES GENER, SUEZ ENERGY, las que con diferentes sociedades controlan además, el transporte de gas desde Argentina para sus centrales termoeléctricas, incursionan en proyectos de energía eólica, poseen empresas sanitarias y plantas de desalinización de agua (Arica).

La instalación de termoeléctricas preferentemente a carbón, no obedecen a otra necesidad que el requerimiento energético de las compañías mineras en el Norte , para su ampliación extractiva y para desalinizar agua de mar que requieren en forma urgente, a un menor costo que el que implican otras fuentes energéticas, sean estas “gas licuado natural” u otras fuentes de “energías alternativas”. Estos megaproyectos no sólo afectan nuestra salud y la de los que vienen, por los gases tóxicos que liberan, sino por la contaminación de toda la vida marina que nos alimenta y que nos sustenta económicamente, pues estas plantas generadoras se instalan en áreas marítimas privilegiadas, sean “Áreas de manejo” o sitios de “interés de diversidad biológica” designados por la misma CONAMA.

La Comisión Chilena del Cobre ( COCHILCO), ha señalado que las emisiones totales de CO2, uno de los más importantes “gases de efecto invernadero”, generados por la industria minera, se duplicarán al año 2020, es decir llegarán a 36 millones de toneladas/año. A pesar de esto, aún no se establecen normas que regulen las emisiones de gases para las termoeléctricas, cuestión que no requiere ni siquiera una ley, tan sólo la voluntad política de privilegiar la salud humana y el medio ambiente. Si hubiera una real política nacional de eficiencia y ahorro de energía, se podrían ahorrar cerca de unos 20.000 megawatts, que equivalen a casi toda la energía que se producía en 1994, evitaríamos instalar megaproyectos abusivos y dañinos para la Naturaleza y sus habitantes. Diversos estudios han demostrado que los más de 50 proyectos de generación de energía que se pretenden instalar de aquí al año 2015; 28 de ellas termoeléctricas a carbón o de ciclo combinado: gas/petróleo, aportarán unos 17.600 megawatts, y un 40% de energía de sobra. Esto no se entiende si se desconoce que existen grandes yacimientos de carbón en el sur austral de propiedad de miembros de la clase política dirigente, que requieren ser explotados. A pesar de ese sobre- excedente , muchos hogares pobres y rurales continuarán como hoy sin electricidad.

Manuel Retamal Jara

Ex Candidato a Diputado por Distrito 31

Partido Igualdad

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