PEÑAFLOR.- El Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Peñaflor dictó ayer una orden de detención contra el alcalde de la comuna, Nibaldo Meza Garfia, por el no pago de la indemnización de más de $7 millones a una educadora de párvulos quien ganó en junio un juicio contra el municipio por tutela de derechos fundamentales.
La causa tiene su origen en la demanda que presentaron los abogados de la educadora Gabriela Villavicencio, quien desde el año 2002 prestaba servicios en la Escuela Emilia Lascar. En el escrito se señala que desde el año 2016 la afectada comenzó a recibir una serie de hostigamientos públicos y privados por parte de la directora del establecimiento, lo cual le generó incluso complicaciones a nivel psiquiátrico. Incluso, sus enfermedades pasaron de ser calificadas de “psiquiátricas” a “profesional”.
La denunciante expuso en su demanda una serie de hechos que darían cuenta de lo vivido mientras era funcionaria del establecimiento educacional. “Durante la cuarentena sanitaria, el 25 de agosto de 2020, (Gabriela Villavicencio) debía entregar materiales a los apoderados de sus alumnos. Al llegar a la escuela, no se le permitió la entrada por parte de la directora, quien la obligó a entregar los materiales en el frontis del estacionamiento; al lado de los contenedores de la basura”, se lee en el escrito.
En su resolución, el juzgado estableció que “ha podido observarse que la circunstancia del ejercicio de un liderazgo disfuncional por parte de la directora del establecimiento Emilia Lascar, gatilló en la actora padecimientos de orden psicológico, que fueron tratados por la Asociación Chilena de Seguridad, como dan cuenta los documentos reseñados y analizados en los considerandos precedentes”. Como condena, el tribunal estableció que “se condene a la denunciada a pagar una indemnización equivalente a seis meses de la última remuneración mensual esto es, la suma de $5.477.460, y al pago de la suma de $2.000.000 por concepto de daño moral”. Sin embargo, estos dineros aún no han sido entregados a la profesora, motivo por el cual el tribunal -en su fallo de ayer- estableció que no habiéndose cumplido con la resolución, se decrete el arresto por tres días del alcalde de Peñaflor.
Lo anterior, “si en el acto de su detención no exhibe Decreto Alcaldicio en el sentido de disponer los fondos y respectivo giro para el pago del crédito demandado en autos, por la suma de $7.483.442, más los reajustes, intereses y costas”, señala el documento emitido por el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de la comuna.
Sobre el tema, Claudio Fuentes, uno de los abogados de la educadora de párvulos, indicó que “no tenemos otra pretensión que se cumpla el fallo ratificado por la Corte de Apelaciones de San Miguel. Si eso implica que se arreste al alcalde, es parte de las consecuencias del incumplimiento de las resoluciones judiciales”. El profesional añadió que “atentar en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores es muy grave. Se atenta, por parte de una Municipalidad, en contra de derechos básicos, lo que no puede ser aceptado”.
Fuente: Emol.com